RAMY WURGAFT desde Brasil
El cabo Roberto Souza rompe el candado y de inmediato retrocede, empujado por una bocanada de aire cálido y nauseabundo. Los quince hombres que están recluidos en el depósito de herramientas, donde los agentes encuentran un cubo repleto de excrementos, sobras de comida y un bidón con apenas unas gotas de agua, también se repliegan, enceguecidos por la luz cenital. "La virgen milagrosa escuchó nuestras plegarías... Ella los envió a salvarnos”, gimotea Paolo uno de los reclusos.
Luego de saciar la sed con las cantimploras que les ofrecen los gendarmes, él y sus compañeros prestan declaración ante Leonardo Holanda Silva, el fiscal que dirige la operación de rescate en una localidad del estado de Ceará. Trabajaban para un hacendado cuyo nombre desconocen pero que de seguro es un hombre de recursos porque además de un ingenio azucarero posee una destilería de alcohol de caña y una cuadra de caballos purasangre, donde también prestaban sus servicios.
El testaferro que los reclutó, un sujeto apodado Dragón, les dijo que recibirían entre 408 y 635 reales al mes (151 a 235 euros): una suma apreciable para los nómadas que recorren el nordeste brasileño, haciendo los que se les pida a cambio de unas monedas o de comida. Cómo es habitual en este tipo de contrataciones, Dragón no mencionó el precio de los alimentos que sólo podrían adquirir en la pulpería del ingenio y el alquiler de las chozas de paja y barro, infestadas de mosquitos transmisores de malaria, donde se alojarían. “Al final de mes resultó que en vez de cobrar, habíamos acumulado una deuda que sólo podríamos cancelar con horas extra de trabajo. Al mes siguiente, la misma historia y así hasta que decidimos escapar”, cuenta Paolo. No llegaron lejos. Una partida de caporales guiados por perros rastreadores, los atrapó cuando vadeaban un río.
En su último informe, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una organización brasileña afiliada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que más de 80.000 trabajadores han sido liberados en los dos últimos años, de las haciendas, campamentos mineros o explotaciones madereras del nordeste del país y de la región amazónica. “La practica conocida como servidumbre por endeudamiento es una forma de esclavitud de la que son víctimas adultas, menores y mujeres embarazadas. Pese a las multas de hasta 124.470 reales (46.074 euros) que les impone la justicia, muchos de los empleadores piratas reinciden en este tipo de delitos. Vuelven a lo mismo porque el medio social en que se mueven lo aprueba y porque la sanción económica es ínfima en relación con los beneficios que obtienen esclavizando a esa pobre gente”, observa el padre Xavier Plassat, relator de la CPT.
En otro operativo de fiscalización, un grupo de elite de la Policía Federal rescató a 9 trabajadores de un aserradero ilegal del estado amazónico de Rondônia, que procesaba madera obtenida mediante la tala de bosques protegidos. Los siervos liberados bebían aguas estancadas y se alimentaban de la caza. Desde el 2005 a esta parte, unas cuarenta personas han muerto por las enfermedades que contrajeron en cautiverio y cinco agentes federales han sido asesinados por esbirros de los esclavistas. Xavier Plassat admite que el gobierno de Lula ha avanzado en materia de fiscalización, pero a su juicio la única forma de erradicar esta lacra es “enviando a los negreros a que se pudran en la cárcel”.
