Isidro Peñasco
Ni Bolívar ni Fidel Castro habrían enviado al periodista director de la Agencia ANNCOL, Joaquín Pérez Becerra a las mazmorras del Estado terrorista colombiano.
¿Que malhadado espíritu aconsejó a Hugo Chávez Frías cuando tomó la decisión de „regalar“ al ciudadano sueco a los esbirros de Colombia?.
¿Estaba obligado a hacerlo?
¿Que poder tiene el gobierno de Colombia como para que el de Venezuela le tema tanto que se apresure a entregar a un „rehén“ como el periodista?.
¿Que daño terrible habría caído sobre Venezuela si se hubiese sometido al periodista a un juicio de extradición como debería haberse hecho de acuerdo a la ley venezolana?.
De la acusación del Partido Comunista Venezolano se desprende lo que todos pensamos -sorprendidos y atónitos – cuando nos enteramos de la entrega -en minutos- del periodista a las „autoridades“ de Colombia, a saber: que en Venezuela debía haber un procedimiento legal, administrativo para extraditar a personas, como de hecho lo hay y en la letra, absolutamente respetuoso de los derechos humanos, como es citado en la denuncia del PC venezolano.
Ni siquiera el derecho mas elemental, que en Colombia no se respeta, como es la „presunción de inocencia“ fue respetado por el gobierno venezolano. Ni hablar del “habeas corpus” ya que Pérez Becerra no fue presentado ante ningún juez cuando fue detenido y extraditado a Colombia. Mas aún, es mentira lo afirmado por el gobierno venezolano de que Pérez Becerra estaba buscado por Interpol con un punto rojo ya que el PC Venezolano hizo lo que cualquier ciudadano puede hacer: mirar en la página de INTERPOL y buscar a Pérez Becerra. No lo encontró en ninguna parte. No había tal “punto rojo”.
¿Está virando a la derecha Hugo Chávez?
Porque si se trata de apoyar o no a las FARC/ELN la verdad que basta con lo declarado por el Presidente Chávez: no apoyamos la vía armada y menos la guerra de las FARC.
Nadie tiene el derecho y menos el poder de obligar a Chávez a hacer actos de constricción y dar pruebas de ser un aliado confiable para Colombia que es un país ocupado militarmente por Estados Unidos y regido por una mafia corrupta, tan corrupta que hasta ellos mismos han decidido frenar la corrupción porque amenaza su hegemonía...
¿Colombia está amenazando con una agresión a Venezuela, la que dependía de la entrega del periodista?
Sabemos que incluso el gobierno de Santos ha planteado que podría negociar con las FARC/ELN un término del conflicto armado. El mismo Santos sabe que ni los Estados Unidos ni Colombia están en condiciones de iniciar nada parecido a una agresión a Venezuela sin arriesgar un incendio mayor en toda la costa del Pacífico de América del Sur. Es simplemente absurda esta línea de pensamiento.
¿Fue un garrafal error administrativo de funcionarios de tercera clase?.
Si fue así el gobierno de Chávez no debió asumir la responsabilidad por la entrega.
¡Que diferencia con el gobierno de Argentina que dio el estatus de „refugiado político” al chileno Apablaza cuando el gobierno de Chile, luego de una campaña en que se le juzgó y condenó como autor del asesinato del senador Jaime Guzmán sin haber sido presentado a ningún tribunal chileno, exigió su extradición!.
Es simplemente incomprensible la actitud del gobierno de Chávez y dañino para el mismo gobierno.
Con ello no ganó un solo voto de la reacción pro imperialista venezolana y perdió apoyo en la izquierda.
Demostró debilidad, cuña en la que los reaccionarios venezolanos golpearán.
Si bien es cierto que la guerra no es -por ahora- un medio para tomar el poder para una gran mayoría de las izquierdas de América del Sur, no lo es menos que un mínimo de criterio político debería haber aconsejado a Chávez aplicar simplemente la legalidad venezolana en el caso y no cometer el “crimen” de entregar a un riesgo de tortura y muerte a un periodista cuyo único delito fue apoyar la lucha armada en Colombia.
Finalmente debemos decir claramente que lo actuado por el gobierno venezolano fue una inmoralidad; una falta de ética y una violación flagrante de los derechos humanos del periodista Pérez Becerra. La acción es un mentís a las declaraciones del gobierno venezolano en ese sentido.
