La prisión preventiva no detiene la lucha de un pueblo

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Luis García Huidobro. Columna para Radio Cooperativa.on line.

Daniel Huentecura llevaba más de 8 meses en prisión preventiva en la cárcel de Temuco. Su audiencia de preparación al juicio, como ya es habitual para los comuneros mapuche, se había suspendido tres veces.

El fiscal Cristián Voullieme lo acusa de haber participado en un atentado incendiario contra un camión de Forestal Mininco en septiembre de 2010 (plena huelga de hambre mapuche contra la ley antiterrorista) en el cruce Chamaco de la ruta Imperial / Carahue.
Se trata del mismo fiscal que el 2008 acusaba de incendio terrorista a Héctor Llaitul, también contra Forestal Mininco, validando un testimonio obtenido bajo tortura. En esa oportunidad Llaitul resultó absuelto.
La comunidad Currihual Huenchual, a la que pertenece el joven mapuche de 24 años, participó en los 90 en las movilizaciones del Consejo de Todas las Tierras, lo que significó para él y los niños de su entorno crecer entre movilizaciones, ocupaciones de tierra, allanamientos de carabineros y la recordada marcha a Santiago.
También son parte de la formación política de su generación, las movilizaciones de los hogares de Estudiantes de Imperial y Carahue, el año 2006, en demanda de mejores condiciones de habitación y estudio.
Los años siguientes en su comunidad y en las comunidades vecinas, fueron de cortes de camino y recuperaciones de madera para lograr un retroceso de Forestal Mininco e incluso la paralización de faenas. Fruto del trabajo de concientización por sus derechos, el año 2010 alrededor de 50 comunidades de Imperial y Carahue rechazaron la cuestionada consulta indígena.
El 7 de abril de 2011 es detenido Huentecura y también, sin orden judicial, su pareja Andrea Lepín con su hijita de 4 años S.H.L. La mujer y la niñita estuvieron detenidas varias horas. Huentecura, por su parte, dice haber recibido golpes y malos tratos toda la noche y haber sido amenazado con que se le quitaría su hija.
Daniel Huentecura fue acusado de asociación ilícita terrorista, incendio terrorista, agresión al chofer del camión y agresiones a carabineros. Todos esos cargos fueron desestimados y fue puesto en prisión preventiva acusado de incendio simple.
El fiscal Voullieme le pide 9 años de prisión. La “prueba” es un testigo protegido no presencial, que dice haber ido a dejar a Huentecura y a otro sujeto, a quien no identifica, al cruce Chamaco ese día.
Por el contrario, en su comunidad dicen que ese día todos los jóvenes, incluido Daniel, participaban de un mingako (trabajo comunitario). En tanto la fiscalía trata de reunir pruebas, pasa los meses en la cárcel, hasta que hace pocos días un juez lo dejó en libertad condicional mientras sigue la investigación.
Son decenas de comuneros mapuche los que han pasado largas prisiones preventivas acusados por un testigo protegido y que luego han salido absueltos.
Recordemos el juicio en Cañete, en que sólo con las espurias herramientas de la ley antiterrorista, después de casi dos años de prisión preventiva, los tribunales lograron condenar a 4 integrantes de la CAM, y absolver a otros 13 (caso que actualmente está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque previamente todos habían sido absueltos en la misma causa).
Recordemos también a los 2 comuneros del lof Lleupeko-Katrileo, Luis Tralcal y Mauricio Huaiquilao, que salieron absueltos después de 2 años de prisión preventiva en Temuco y varios meses de arresto domiciliario.

En la práctica, la prisión preventiva en los casos de comuneros mapuche está siendo una sentencia previa y una manera de amedrentar a las comunidades movilizadas con allanamientos, detenciones arbitrarias, interrogatorios y controles de detención constantes.
Actualmente se busca encarcelar al joven werkén de 23 años Mijael Carbone, por incidentes con carabineros en el Fundo La Romana. En esa vergonzosa invasión policial de territorio ancestral mapuche, la convivencia diaria de carabineros y comuneros mapuche hace pensar que se trata de una verdadera situación de ocupación colonial y resistencia.
¿Cuál es el sentido de la prisión preventiva en el sistema penal, y con qué criterios se utiliza en territorio mapuche?
¿Acaso se usan los mismos criterios que en el resto del país, donde vemos que delincuentes comunes y asesinos son dejados rápidamente en libertad, o que la mayoría de las causas se archivan sin detenidos?
¿Es acaso la prisión una herramienta política para frenar las movilizaciones?
El año pasado 37 comuneros en prisión preventiva realizaron una larga huelga de hambre y lograron poner sobre el tapete la utilización de la ley antiterrorista, por la que casi 30 de ellos siguen hasta la fecha imputados, esperando en arresto domiciliario sus juicios, que se postergan una y otra vez.
¿No sería razonable empezar a enfrentar de una vez el problema real, que es la ocupación del territorio mapuche?
¿Tanto estamos dispuestos a tolerar para defender los intereses de Forestal Mininco y Forestal Arauco, que se hicieron del territorio mapuche al amparo de la represión al movimiento mapuche en la dictadura, lo plagaron de especies foráneas que degradan y secan la tierra mapuche, con el subsidio del Estado, y así enriquecieron a sus pocos dueños?
¿Qué es lo que se está defendiendo: esos intereses económicos, o quizá el desmemoriado concepto de la propiedad privada?
Hace pocos meses no faltaban quienes decían orgullosos que estaba disminuyendo la conflictividad en territorio mapuche, justificando así el cuestionado fallo del Caso Elgueta.
Hoy los senadores de derecha de la zona reconocen que la conflictividad está en pleno auge, por lo que se puede prever una nueva oleada represiva a un movimiento que, lejos de detenerse con el amedrentamiento, adquirirá en los próximos años dimensiones inimaginables, al tomar la conducción los niños que actualmente crecen en este contexto de movilización y represión.
En Chile no hay terrorismo, pero pareciera que los gobiernos están empeñados en que a futuro lo haya. Para mostrar logros presentan modelos de mapuche emprendedores con proyectos del gobierno, cuando el problema está en no querer conversar sobre la justa restitución de tierras y la autonomía territorial.
La estrategia de criminalización no será capaz de detener el proceso de ponerse de pie de un pueblo, como no se puede tapar un volcán en erupción o poner freno a un maremoto.
Tarde o temprano el Estado de Chile tendrá que aceptar que se trata de un pueblo con derechos territoriales, y que eso tiene costos para las forestales de los grupos Matte y Angelini, para la exploración minera con capital extranjero, para el negocio energético y para los colonos descendientes de los europeos, que el Estado de Chile trajo creyendo que podría exterminar a los mapuche y blanquear el territorio.

Ellos tendrán que recibir una disculpa del Estado, una justa retribución y ser relocalizados, pues esas tierras pertenecen en justicia a los mapuche.

Las prisiones preventivas y los allanamientos de película de acción continuarán, al ritmo de la cosecha del pino y el eucaliptus. Pero continuará también la resistencia en Temucuicui, en Quepe al aeropuerto, en Pilmaikén a las represas, en el Lleu-Lleu a las mineras, en todo el territorio a las forestales, y en los hogares de Estudiantes la resistencia a la homogeneización cultural.
Cada mapuche encarcelado es fruto de la falta de voluntad de un gobierno para abrir un diálogo urgente. Continuarán también los procesos judiciales contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los longkos Norín y Pichún, los dirigentes de la CAM, la familia Catrileo que todavía espera resolución de la Suprema y ha demandado civilmente al Estado de Chile.
Ya es hora de que la sociedad chilena deje de discutir sobre si es legítimo resistir con piedras o con escopetas, asunto que a estas alturas y ante la magnitud histórica de este conflicto, parece cada vez más trivial, y de una vez por todas seamos capaces de abrir el debate por la autonomía territorial mapuche.