El ciudadano Villanueva frente a los poderes fácticos

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Gustavo Ruz Zañartu

La repentina pretensión de culpar a Sergio Apablaza y Enrique Villanueva como “autores” del crimen de Jaime Guzmán, ocurrido hace 19 años, es una clara expresión del predominio de los poderes fácticos en la política chilena. Prescindiendo absolutamente de la presunción de inocencia, el Presidente de la República, el duopolio MERCURIO-TERCERA y una legión de parlamentarios retoños del régimen dictatorial reclamaron -en Santiago, Buenos Aires y Ginebra- la extradición de Apablaza y el encarcelamiento de Enrique Villanueva sin que ninguno de éstos haya sido imputado durante el proceso que tuvo lugar entre 1991 y 1997, a cargo del Ministro Hugo Dolmech.

La acusación es enteramente política y carece, en absoluto, de fundamento jurídico. Pero sirve para montar una campaña propagandística, por la sencilla razón de que en Chile el Poder Judicial carece de verdadera independencia en relación al Gobierno y al parlamento que tienen en sus manos, en definitiva, los ascensos a los peldaños superiores de la magistratura.

Hasta septiembre de 2010, Enrique Villanueva, junto a su familia, actuó como cualquier ciudadano, con total transparencia, ejerció su profesión y pagó sus impuestos, recorrió el país y viajó al extranjero sin que jamás fuera interceptado en los controles fronterizos, sin ser requerido por los tribunales ni interpelado por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Y no es porque aquellos sean unos ineptos que no hayan desplegado toda su capacidad para ubicar a los responsables de los hechos, como podría deducirse del razonamiento de la UDI y cómplices concertacionistas. La razón es muy simple: Todo el aparato de seguridad nacional y el Ministro instructor del citado proceso sabían, y saben a ciencia cierta, que Villanueva no tuvo injerencia en el crimen de Guzmán.

Sólo hay una excepción que confirma la regla: En 1997 los poderes fácticos publicaron – con gran cobertura en el diario LA TERCERA – una “investigación periodística” que pretendía denigrar a Enrique Villanueva con el fácil expediente de sindicarlo como “informante” de los servicios de seguridad del gobierno de Patricio Aylwin. El reportaje contenía fotos personales, de su lugar de trabajo, etc. Pese al escándalo, ninguna autoridad del Estado ni siquiera se tomó la molestia de telefonear a Enrique Villanueva, quien de todas maneras decidió salir legalmente de Chile para proteger a su familia que recibió varias amenazas de muerte. Consultó en las agrupaciones de Derechos Humanos quienes, sabiéndolo inocente, le recomendaron abandonar el país porque no había forma eficaz de protegerlo ante un capricho de los poderes fácticos.

Salió a Venezuela y, desde allá,voluntariamente envió una declaración –como testigo- al ministro instructor, quien procedió, a continuación, al cierre del proceso.

Hizo un doctorado en economía y regresó a Santiago el año 2005, donde nuevamente verificó y confirmó ante los tribunales que no había ningún cargo en su contra, por lo que retomó sus actividades profesionales en una universidad estatal, sin que los “sabuesos” de la UDI le interpelaran jamás. ¿Es que estaban desinformados? ¿Es la mediocridad de los servicios de inteligencia militar que no “detectaron” las movidas de un “peligroso terrorista”?

Entonces cabe preguntarse: ¿qué acontecimiento tan significativo ocurrió en estos días, qué nuevos antecedentes fueron presentados para justificar la detención de Villanueva el día 27 de septiembre?  La verdad es del porte de una montaña. No hubo antecedentes jurídicamente válidos. Villanueva fue arrestado como respuesta política del Gobierno de Chile ante la negativa del Gobierno Argentino a otorgar la extradición de Sergio Apablaza. Es una simple y vulgar represalia. Está en calidad de rehén.  El infundio, proveniente de una cárcel brasileña por el autor confeso del crimen de Guzmán, desde el punto de vista jurídico, no lo salpica.

Los lectores tendrán presente que la República Argentina encarceló a los generales golpistas por el delito de derrocar al gobierno constitucional de Isabel Perón. La República de Chile, en cambio, sepultó con honores de Estado al general Pinochet y conservó la esencia de la constitución impuesta por la dictadura a punta de bayonetas.

Ayer eran “los martes de Merino” en que el Almirante, con toda impudicia, vomitaba cualquier basura con la certeza que nadie tenía fuerza para contestarle. Hoy, los dirigentes UDI pretenden aparecer como víctimas y  dictar cátedra sobre Derechos Humanos, en virtud de su poder sobre los medios de comunicación de Chile.. La arbitraria detención de Villanueva y el montaje comunicacional en su contra otorgan plena validez a los fundamentos esgrimidos por las autoridades argentinas para no conceder la extradición de Sergio Apablaza, a quien la prensa y autoridades chilenas ya habían crucificado antes de someterlo a juicio. Con este montaje los dirigentes UDI han recuperado parcialmente la iniciativa política en Chile y han logrado, además, abrir espacios de conflicto con un gobierno argentino, cuyas realizaciones políticas y sociales están en las antípodas del modelo económico y político imperante en nuestro país.

Resulta indesmentible que Sergio Apablaza y Enrique Villanueva, junto a la mayoría de los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desestimaron absolutamente las acciones militares y buscaron una estrategia de movilización social y política en el nuevo escenario que se abrió en 1990, pese a la precariedad del espacio democrático instalado entonces a la medida de los poderes fácticos y del gobierno de los Estados Unidos.

Habrá que remecer la decencia, que por fortuna existe aún en amplios sectores ciudadanos, civiles y militares, sociales, políticos y culturales, para que la recta aplicación de justicia prevalezca y Enrique Villanueva recupere su libertad.  Así se abrirá paso, progresivamente, la verdad, la razón y la ética de los que luchamos ayer por emancipar a nuestro pueblo de la peor tiranía de su historia,  y que hoy tenemos el imperativo político y moral de desenmascarar a los poderes fácticos maquillados como demócratas y amparados en una institucionalidad que ofende a quienes encendieron la luz de la República en la alborada de 1810.