“Libertad de expresión” en Chile y en Venezuela: el doble standard de “Reporteros Sin Fronteras”

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Los paralelos son notables. En Venezuela el gobierno decide “regularizar” el status legal de 34 radioemisoras de corto y medio alcance y decide entregar las frecuencias que no cumplan con los requisitos legales, para el uso comunitario.

32 familias poseen y controlan todo el espectro radiofónico venezolano. No existe posibilidad de que radios comunitarias sin fines de lucro puedan trasmitir. El Gobierno quiere abrir el espectro para radios que expresen a las comunas y no a la oposición al gobierno.

En Chile el gobierno hace lo mismo con 40 radios comunitarias en todo el territorio nacional y lo hace mientras dicta una ley que regula la existencia de las radios comunitarias que hace casi imposible que funcionen sin ser un negocio que de utilidades.

En Venezuela el gobierno ordena el cierre de 34 radios y en Chile se cierran 40 en todo el país, se acusa a sus productores, se requisan los equipos de trasmisión y se lleva a los tribunales con amenaza de cárcel y multas a los que las operan.

Lo notable es que el caso de Venezuela es motivo de airadas denuncias de Reporteros Sin Fronteras, y de replicas de esas denuncias en los medios mundiales. Se generan notas, comentarios furibundos, acusaciones por el “grave atentado a la libertad de expresión” en todos los diarios del mundo y se acusa al gobierno de Venezuela de “caminar hacia la dictadura” y otras acusaciones mas graves.

¿Y Chile?

Nadie se enteró en el mundo del atentado en contra de 40 radios comunitarias, ni se enteró que la mayoría de las frecuencias están en manos de consorcios extranjeros ni de que la Asociación de Radiofifusores de Chile (ARCHI), exigió al gobierno que hiciera la razzia en contra de las emisoras comunales, basandose en una ley dictada por Agusto Pinochet en 1984, año en que arreciaba la resistencia en contra de la dictadura. Ley que está vigente aún.

La agrupación de los consorcios radiales se apresuró a exigir dicha razzia para evitar que las radios que trabajaban en un campo “gris” de la ley, pudieran consolidar su status y cerraran el campo de expansión de los grupos económicos que controlan la radiodifusión chilena.

Curiosamente en Chile es posible que las concesiones de frecuencias se pueden transferir, ceder, arrendar y otorgar el derecho de uso. Ello ha permitido que 36 sociedades posean a lo menos cinco concesiones de frecuencias cada una, entre ellas, doce grupos formados por sociedades que comparten el representante legal, que se reparten la explotación de poco más de 200 concesiones de frecuencias. De ellos tres son extranjeros. Se informó en el Parlamento chileno que existen tres consorcios extranjeros que en la actualidad controlan unas 100 radioemisoras chilenas. Uno de ellos, de origen colombiano, el "Consorcio Radial de Chile", posee unas 37 emisoras; otro, de origen estadounidense, controla más de 40 y un tercero, "Iberoamérica Media Partner", controlaría unas 47 emisoras y pertenece al grupo español PRISA.

De hecho hay dos grandes grupos económicos que controlan el espectro radial chileno y lo hacen por medio de empresas aparentemente distintas, pero que se agrupan bajo una sola gerencia.

El sacar del espacio radiofónico a las emisoras locales es un objetivo estratégico para las emisoras comerciales. El alcance de sus emisiones se ven disminuido por esas radios. Los consorcios se han ido apoderando de las frecuencias por distintas vías.

El procedimiento consiste en que cuando un conglomerado asume el control de una frecuencia local, cierran la redacción de la radio comunal, despiden al personal de locutores y periodistas y la transforman en una “antena repetidora” de las emisiones centrales desde la capital de Chile. Es decir eliminan los servicios informativos locales y los reemplazan por emisiones nacionales. Ello porque los avisos de publicidad de las cadenas comerciales pueden ser vendidos con argumentos mas sólidos. El alcance de las emisiones es mas amplio.

Ello como ha denunciado la Asociación de Radiodifusores Comunales en Chile es un claro atentado a la “libertad de expresión” y un daño a las comunidades en todo Chile.

Junto con la eliminación de la redacción local, desaparecen servicios importantes para los habitantes de las comunas que son reemplazados por programas “envasados”, pensados, realizados y “envasados” en la capital de Chile o en el extranjero, sin vinculación alguna con la comuna en que se trasmiten.

De ello no se ocupa “Reporteros sin fronteras” ni el diario El País de España (pertenece al grupo PRISA).

Cuando se trata de Venezuela y de “Chávez”...Reporteros Sin Fronteras está atento, vigilante, para defender la “libertad de expresión”; la “libertad de prensa” y los intereses de los consorcios. Cuando se trata de radios comunales en Chile..."no se oye padre"; "ojos que no ven corazón que no siente" o "no hay peor ciego que el que no quiere ver".

"Reporteros sin fronteras deberían "reportear" un poco mas y tratar de compensar la ceguera del ojo izquierdo que padecen...

¿Será por los financiamientos que reciben?.

 

Alvaro Rojas