Jueves, 19 Octubre 2017

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Desalojan toma de terrenos con resultado de muerte

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Jujuy (Argentina).- En un gran terreno triangular, arado pero con algunos brotes de caña que emergen del suelo, se instalaron el miércoles pasado quinientas familias. Allí armaron sus carpas precarias, con palos y techos de nylon. El predio, en Libertador General San Martín, Jujuy, pertenece al Ingenio Ledesma, al que desde hace cerca de cuatro años cientos de personas sin vivienda le piden que ceda quince hectáreas para poder construir sus casas, ya que la localidad está cercada por la expansión de la empresa y no quedan tierras disponibles.

 

El miércoles por la noche parecía avanzar una negociación, conducida por referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizaciones en representación de la toma, pero ayer a la madrugada un ejército policial apareció en el lugar e invocando la orden de desalojo de un juez local reprimió con ferocidad a los ocupantes hasta entrado el mediodía. La embestida terminó con por lo menos tres muertos –un policía y dos jóvenes que estaban en la ocupación–, un chico gravísimo por un disparo en la cabeza y, según estimaban en la CCC, unos treinta heridos, varios de ellos con balas de plomo. El gobernador Walter Barrionuevo dijo que se sentía “sorprendido, impotente y con bronca” y, al igual que el titular de la Cámara de Diputados y candidato a sucederlo, Eduardo Fellner, atribuyó los hechos a motivaciones “políticas” preelectorales. Barrionuevo desplazó al jefe del operativo policial y por la noche renunciaba también su ministro de Gobierno, Pablo La Villa, responsable del manejo de la fuerza.

 La represión policial se desató a las seis de la mañana, aunque desde la noche anterior había policías recorriendo en cuatriciclo los cañaverales lindantes con la tierra donde se encuentran instaladas las familias. Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (Capoma), un organismo de derechos humanos, estuvo en el momento en que aparecieron “cientos de policías de Infantería y Caballería”. Aunque no hay números oficiales exactos, quienes vieron el despliegue calculan que hubo entre 300 y 500 efectivos tirando gases lacrimógenos y disparando a mansalva. “Aparecieron el predio directamente, sin intentar ninguna clase de diálogo para que la gente se fuera, empezaron a reprimir en medio de la oscuridad”, relató. “Tiraron proyectiles de goma antitumulto, pero no tengo dudas de que también tiraron balas de plomo”, dijo. Enrique Mosquera, de la CCC, añadió que nunca fueron recibieron notificación de la orden de desalojo y que la represión “fue brutal”. Según relato, por la mañana dos bebés de barrios aledaños tuvieron que ser hospitalizados por dificultades respiratorias provocadas por los gases, pero estaban fuera de peligro.

 Por la noche, la CCC, fuentes con acceso a la investigación y el gobierno provincial coincidían en que hubo por lo menos tres personas fallecidas, con impactos de bala: el policía Alejandro Farfán, de 23 años, y otros dos jóvenes que habrían formado parte del acampe, Félix Reyes y Ariel Farfán, que tenían los impactos en el tórax. Otro muchacho, Juan José Velásquez, que recibió un disparo en la cabeza y se encontraba muy grave (aparentemente con muerte cerebral), fue trasladado a San Salvador de Jujuy. De unas treinta personas hospitalizadas, cerca de diez tendrían heridas provocadas por proyectiles de plomo. Había gente con perforaciones en las piernas, brazos y el rostro. Una versión hablaba de un cuarto muerto, llamado Víctor Heredia. Según el director del hospital Oscar Orías, Roberto Maizal, había 11 o 12 policías heridos. Al final del día, además, había también cerca de treinta detenidos repartidos en distintas dependencias policiales, y mucha gente había vuelto a la toma en las tierras del ingenio. La investigación de los hechos está a cargo de la jueza Carolina Pérez Rojas, la misma que ayer tuvo que ocuparse del operativo del desalojo. Por lo pronto, ordenó las autopsias para determinar el tipo de heridas y el tipo de balas que se usaron. Ayer se hablaba de calibres 9 y 22, y perdigones.

Ledesma

 El pueblo Libertador General San Martín es conocido, en rigor, como Ledesma. Está rodeado de cañaverales y según explican desde la CCC y otras agrupaciones que respaldan la toma, el problema habitacional viene en aumento desde hace varios años. Sólo en esta localidad habría según las cifras oficiales cerca de dos mil personas sin techo. El ingenio de los Blaquier, cuentan, entró en una mayor expansión todavía a partir del auge de los biocombustibles, que utilizan la caña de azúcar como insumo. Entre plantaciones y fábricas para producción de azúcar, papel, alcohol y jugos cítricos ocupan, al parecer, más de 120 mil hectáreas, un verdadero problema para los pobladores de una zona donde no quedan tierras fiscales, ni tierras libres de otro tipo y lo mínimo que cuesta un alquiler son 1500 a 2000 pesos. La ocupación del predio de Ledesma, en reclamo de la cesión de tierras, se afincó una semana atrás, cuando también se realizó la marcha por el 35º aniversario de la Noche de los Apagones, en julio de 1976, cuando en un operativo del Ejército, Gendarmería y la policía que tuvo apoyo del ingenio azucarero donde se cortó la luz, fueron secuestradas centenares de personas.

 Mosquera, de la CCC, señaló que hacia el fin de semana último ya eran 700 las familias instaladas y que anteayer a la tarde habían logrado “avanzar en conversaciones con el intendente y con la propia empresa”. Según Mosquera, el juez Jorge Samman ya “había firmado la orden de desalojo a pedido de Ledesma el 22 de julio, y enseguida se fue de vacaciones”, pero eran las autoridades provinciales las que debían dar luz verde para ejecutarla. El intendente Ale, en diálogo con Página/12, coincidió en buena medida con la descripción: “Habíamos quedado que hoy (por ayer) íbamos a poner grifos comunitarios para la gente que está en la toma, hicimos una ordenanza para que el gobierno provincial intercediera y nos encontramos con que la policía ejecuta a la madrugada el desalojo. Intenté que esto no ocurriera, las tierras no son mías y no tengo fondos para hacer viviendas. Tenemos un problema habitacional en toda la provincia. Cuando desde el Ministerio de Gobierno ordenaron el repliegue policial ya había por lo menos tres muertos”, protestó Ale.

Munición gruesa

 El comisario jujeño Hugo Sosa dijo que sus agentes no utilizaron balas de plomo sino sólo “munición antitumulto” y acusó a los manifestantes de haber tirado bombas molotov. Mosquera aseguró: “Sólo teníamos piedras”. Al ser consultado por este diario también dijo que el jefe de seguridad privada de Ledesma “estaba entre la policía, participando del operativo”. La empresa emitió un comunicado donde dice que “lamenta profundamente” los “graves acontecimientos de violencia” y dijo que espera el esclarecimiento de lo sucedido.

 En una conferencia de prensa, el gobernador Barrionuevo –alineado con el kirchnerismo– dijo que estaba “consternado por las muertes de estos jóvenes”. “No encuentro explicación, me parece rarísimo.” Agregó que le llamó la atención que un juez penal de San Pedro de Jujuy (Jorge Samman) firmara una orden de desalojo durante el último día de la feria judicial, y después se fuera tan livianamente”, pero que también le preocupaba la supuesta participación del “personal de seguridad del Ingenio Ledesma”. A la vez sembró sospechas sobre la actitud de la CCC, “que ya sabía la noche anterior que saldría la orden de desalojo” y remarcó que “hay una media docena de efectivos policiales que sufrieron heridas con arma de fuego en distintas partes del cuerpo”. Barrionuevo anunció que pasó a disponibilidad al jefe del operativo, el comisario mayor Néstor Vera. Igual aseguró que la policía no lleva balas de plomo a los desalojos. Fellner, candidato a sucederlo en la gobernación, sostuvo que “estos hechos tienen claramente un transfondo político, mediático, donde algunos usaron la necesidad de la gente de tener un terreno y casa propia, con un claro objetivo, las futuras elecciones”. Junto a ellos estaba el ministro de Gobierno, La Villa, de quien depende la policía. Al rato, presentó la renuncia.

Historia de sangre

 Por Adriana Meyer

 Libertador General San Martín sabe de sangre y represión. Esa localidad jujeña es más conocida como Ledesma, tal el nombre del ingenio de los Blaquier, empresa que se transformó en uno de los emblemas de la colaboración civil con la dictadura. Hace pocos días sus pobladores volvieron a marchar como cada año, a 35 de las Noches de los Apagones, cuando cortaron la luz y la dictadura secuestró a centenares de personas, con el apoyo logístico de los vehículos de Ledesma. Décadas de connivencia e impunidad entre el gigante del azúcar y las fuerzas represivas culminaron ayer en el feroz desalojo, casi como una devolución de favores.

 

“Corrí hasta mi casa y vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran conducidas a la base de Gendarmería que estaba adentro del ingenio”, recordó Ricardo Arédez hace cinco años, en el 30º aniversario de los apagones. Su familia conoció de cerca el poder de los Blaquier cuando su padre, Luis, era el médico del Ingenio y lo cuestionaban por recetar “remedios caros” para los obreros. Años más tarde siguió siendo molesto para los dueños del feudo azucarero cuando, ya como intendente, quiso cobrarles impuestos, algo que jamás había ocurrido. Arédez sufrió dos secuestros pero del segundo nunca volvió, permanece desaparecido desde 1977. Su mujer, Olga Márquez de Arédez, se puso un pañuelo blanco y comenzó a dar vueltas a la plaza del pueblo, exigiendo lo mismo que tantos familiares: aparición con vida y castigo a los culpables. Lo hizo hasta su muerte, en 2005, por un cáncer de pulmón que probablemente haya sido producido por bagazosis, una enfermedad derivada de la contaminación de bagazo, ese desecho de la caña que la empresa acumula en montañas a cielo abierto e impregna de olor a vómito de bebé las calles de Ledesma. Antes de morir, esa mujer presentó un amparo por la contaminación del ingenio, pero no prosperó.

 Los organismos de derechos humanos vienen planteando que llegó la hora de juzgar las responsabilidades civiles del genocidio, en el entendimiento de que hubo una unidad entre el empresariado y los represores porque estos últimos eran los garantes de que el modelo de acumulación permanecería intacto, que no habría molestos delegados obreros haciendo planteos ni leyes que coartaran la libertad de mercado. Por eso, en un pueblo donde el poderoso Ingenio dominaba (y domina) casi todos los aspectos de la vida cotidiana –al punto de que en el hospital local jamás diagnosticaron un caso de bagazosis y son hostigados los militantes del centro de acción popular que funciona en la casa familiar de los Arédez, saqueada en 2007– parecía natural que durante la última dictadura los gendarmes durmieran en el predio y la represión se hiciera con camionetas que llevaban el logo de Ledesma. Así era en julio de 1976, mes de los apagones, y poco o nada cambió en julio de 2011, donde un grupo de personas sin techo pretendió ocupar 15 de las 40.000 hectáreas de caña de los Blaquier.

 El caso de Arédez, como el de las decenas de desaparecidos de Libertador General San Martín y Calilegua, está abierto en los tribunales federales de Jujuy. A principios de abril, HIJOS y un grupo de abogados se presentaron como querellantes por tres casos emblemáticos de los que fueron víctimas trabajadores del ingenio. Una ONG europea argumentó, en las tres causas que investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en Ledesma, que la empresa azucarera y papelera colaboró con el terrorismo de Estado. Pero la Unidad Fiscal de Seguimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad hizo un duro informe alertando sobre la parálisis de los expedientes jujeños, y nada de esto parece haberles removido el polvo.

 Los Blaquier de Ledesma –que no tributaron por décadas, que contaminan Libertador hasta enfermar mortalmente a sus habitantes, que parecen ser inmunes a los boicots contra sus productos organizados por los sindicatos locales, a las intimaciones por salubridad de la Anses, y a los pocos pedidos de explicaciones de la Justicia– todavía no rindieron cuentas ante tribunal alguno. Pero el clamor de que así sea por parte de los sobrevivientes de los apagones, al que se sumará el de los muertos de ayer, aún no calla.

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